Como parte del proceso de la transición energética que comenzó con la Ley 1715 de 2014, se tomará una nueva medida que afecta a todos los hogares colombianos. El Gobierno implementará una infraestructura de medición avanzada (AMI, por su sigla en inglés). Esto quiere decir que se hará el cambio de los antiguo medidores de luz en los hogares. Es importante mencionar que es un proyecto que se viene planeando desde el 2020, pero hasta dos años después se dio la orden definitiva para que se de la transición.

De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas, los nuevos artefactos de medición energética traen consigo la fusión de los sistemas de comunicaciones y avances tecnológico con la función tradicional del medidor: “Permite la comunicación bidireccional con los usuarios del servicio de energía eléctrica. Esta infraestructura integra hardware (medidores avanzados, centros de gestión de medida, enrutadores, concentradores, antenas, etc), software, arquitecturas y redes de comunicaciones, que permiten la operación de la infraestructura y la gestión de los datos del sistema de distribución de energía eléctrica y de los sistemas de medida del consumo de energía”.

Al ser un avance y una actualización importante en el país, el Gobierno le apunta a que esto traiga algunos beneficios como: facilitar la lectura de los consumos, ya que se realizará de forma remota; mejora la relación y comunicación con los usuarios; facilitar la obtención de información sobre el estado de la red de distribución e identificación de fallas; contribuir a mejorar los índices de calidad del servicio en la red de distribución, ya que serán de forma remota; facilitar los procesos de corte y reconexión de usuarios, y la reducción de las pérdidas no técnicas por fraude y manipulación de medidores.

Como todo proceso tiene un costo, este tendría que asumirlo el consumidor. Es decir, que los hogares que hagan el cambio deben pagar el valor de adquisición e instalación del medidor avanzado y el operador de red tiene el deber de entregar el medidor tradicional que desinstale al usuario que figure como titular del servicio asociado.

Entretanto, la empresa de energía deberá informar a los consumidores, con tres meses de anticipo, que este proceso se debe llevar acabo. Existen dos opciones, la persona puede hacer todo el cambio por su cuenta o pedir a la empresa que lleve acabo el proceso. Pero si pasados los dos meses el cliente no se ha manifestado al respecto, se procederá al reemplazo anunciado por parte del operador de red y el usuario deberá asumir el costo. En este caso puntual, no influirá el estrato social sino que la ley se aplica de la misma manera para todos.

Hay que resaltar que esto no afectará lo relacionado con la facturación, solo hará el proceso de medición más rápido: “La implementación de los medidores inteligentes, la lectura de la medición se realizará de forma remota, es decir, sin necesidad de que ningún personal técnico haga una lectura presencial de dato del consumo de energía. Las facturas físicas seguirán existiendo a menos que el usuario acepte que llegue en forma digital”, señaló el Ministerio.

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